¿Quién es Casandra y por qué grita?

En la mitología griega Casandra fue hija de los reyes de Troya y sacerdotisa del templo de Apolo con quien pactó, a cambio de un encuentro carnal, la concesión del don de la profecía. Sin embargo, cuando accedió a los arcanos de la adivinación, la sacerdotisa rechazó el amor del dios. Éste, viéndose traicionado, la maldijo escupiéndole en la boca: Casandra seguiría teniendo su don, pero nadie creería jamás en sus pronósticos.

Tiempo después, Casandra previó la caída de Troya y todo por lo que luchaba, pero le fue imposible prevenirlo: tal era la maldición de Apolo. Pese a su anuncio repetido e insistente de la inminente desgracia porvenir, ningún ciudadano ni sus propios padres dieron crédito a sus vaticinios.

Mostrando entradas con la etiqueta Crimen Organizado. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Crimen Organizado. Mostrar todas las entradas

domingo, 20 de enero de 2013

"Haiga sido como haiga sido", estamos en la cloaca


Los resultados de las instituciones de procuración de justica (así, con minúsculas) que deja la administración del ex-presidente Calderón son equivalentes a los de países como Pakistán y Guinea Ecuatorial. Después de 6 años de haber implementando al vapor una política pública para combatir a la delincuencia organizada “sin excepción” basada en la persecución y el espectáculo. El país se encuentra en pleno estado de degradación por más economía “fuerte” que tengamos, por más sistema de salud universal “fuerte” que hayamos alcanzado, o por más “semillitas” que el Gobierno Federal haya sembrado para las generaciones futuras. “Haiga sido, como haiga sido”, el país está en la cloaca. 

Y entonces, regresa el PRI a la Presidencia… Con Enrique Peña Nieto, regresa a Los Pinos el partido político con “experiencia probada, pero con nueva actitud”. Regresa al Gobierno Federal los “constructores de instituciones y los hombres de Estado que guiarán a la República en el camino de los ideales de democracia y justicia social”. El Presidente de la República nos invita a mover a México (¡imagínate!), porque sí se puede #yasí , todo con una música de fondo espectacular. Esa es la retórica oficialista hoy.

¿Y cómo no va a encandilar eso? Dejamos de escuchar a un megalómano que, frente a reportes sustentados en evidencia empírica y frente a los reclamos desgarradores de madres de familia, se empecinó en mandar una señal de autismo político y necedad a la sociedad mexicana.  “Es mi estrategia, mi lucha, mía, ¡MÍA! Mi preciosa…” Los informes de gobierno (mejor dicho, los spots publicitarios de la sexenal tragicomedia) estaban todos enfocados en hacer ver al Presidente Calderón como un hombre de Estado, que supera las adversidades y está dedicado a dejarlo todo por los mexicanos. Claro. Sí. Era muy cierto. Dejó todo al irse, acto seguido de entregar la banda presidencial, a la ciudad de Boston con esposa e hijos para empezar su carrera docente en la Universidad de Harvard.

Ante este escenario, el PRI la tiene re-fácil. En serio, re-ga-la-da. El presidente Enrique Peña Nieto sabe que con muy poco puede congraciarse con una población dolida y atropellada. Como nuestra barra de expectativas está muy abajo, cualquier cosa –por pequeña que sea- es buena ante el atolladero de país en el que nos encontramos. Y el Gobierno Federal lo sabe. ¿Cuál es esta acción, sencilla pero contundente, que el Estado mexicano debe lograr conseguir para ganarle la lucha a la opinión pública?

Disminuir la violencia . 

“El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la violencia en el país se ha incrementado a tal grado que las ejecuciones son la segunda causa de defunción en México”. 
http://www.adnpolitico.com/gobierno/2012/12/17/osorio-lamenta-alza-en-la-violencia-durante-los-ultimos-anos
Este fenómeno fue señalado extraordinariamente bien –como acostumbra en estos temas-  en su más reciente artículo José Merino (http://www.adnpolitico.com/opinion/2012/12/19/jose-merino-los-muertos-en-el-inicio-de-sexenio-de-pena). En este país sigue habiendo asesinatos presuntamente vinculados a la delincuencia organizada, y muchos. Por lo tanto, si el Gobierno Federal logra reducir la violencia (porque es sólo una y la que ellos dicen que es) el camino que asegura un gobierno exitoso para el presidente Enrique Peña Nieto estará asegurado (o eso creen ellos). Sin embargo, esta sería una victoria únicamente frente a los errores de la administración anterior. Explico.

Sería una victoria precisamente por que resolvería el problema que no pudo lograr Calderón (reducir la violencia).Sin embargo, esto terminara siendo aún más contraproducente para el país. Para poder considerar una política pública en contra de la delincuencia organizada como eficiente y eficaz se debe considerar el siguiente análisis:

La violencia (fetichizada con la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes y que deja fuera la violencia patrimonial, sexual y psicológica, por ejemplo) generada en el país es el peor resultado no deseado (subproducto) de una política pública mal diseñada para resolver un problema aún mayor y que permanece intacto: la delincuencia organizada.
Sí se emprendiera una verdadera política para la desarticulación de las organizaciones criminales se trabajaría no sólo en entrenar más policías y desplegar más soldados a las calles, sino que también se impondrían controles patrimoniales (ej. Unidad de Inteligencia Financiera), jurídicos (ej. servicio civil de carrera a jueces), políticos (ej. una fiscalía especializada anticorrupción con plena autonomía) y sociales (ej. programas de prevención social y no sólo de prevención del delito) los cuales han resultado eficaces en todas las  experiencias internacionales en las que se han desarrollado. 

Las cifras presentadas por el Secretario de Gobernación Osorio Chong hace unas semanas dan razón a este punto: “El secuestro se incrementó en 83%; el robo con violencia, 65%; la extorsión, 40%; los delitos sexuales, 16%; el robo en carretera, más de 100%; el robo de vehículos asegurados se ha duplicado”. Este tipo de fenómenos parecieran no ser violencia y ser utilizados únicamente para “catastrofizar” la situación de inseguridad en el país. O empezamos  a poner esto claro y presionamos para que el gobierno  disminuya toda la violencia relacionada a la delincuencia organizada, o nos va a cargar el payaso otro sexenio más.

Reducir los homicidios –y decir que con ello se ha resuelto el problema de  la violencia en el país- es una acción que poco compromete a un gobierno (ya que es sobre simplificar el problema estructural al que se enfrenta México), desconoce las otras dimensiones sociales en las que la violencia también existe y termina por beneficiar mucho a los grupos criminales (las tasa de retorno de sus actividades económicas aumentan al no tener que dedicar tiempo, dinero y recursos humanos a combatir a policías y soldados que los entorpecen). El diablo está en los detalles. 

Por lo tanto, ningún resultado en contra de la delincuencia organizada puede ser considerado como verdaderamente eficaz si no se reduce la incidencia delictiva en uno o todos los 22 mercados ilícitos ( Citar este artículo, http://www.adnpolitico.com/opinion/2012/10/15/attolini-los-22-delitos-del-crimen-organizado-mexicano ) a los que se dedica la delincuencia organizada. Lo demás, es choro mareador. Hay que seguir insistiendo en que el gobierno debe actuar con responsabilidad y dejar sus aspiraciones electorales de lado. Si vamos a “mover a México”, que sea en la dirección correcta. 

miércoles, 16 de enero de 2013

La violencia silenciosa: la colonia Anapra, Tenancingo y Zaachila.


Mientras el debate público nacional se encuentra monopolizado por los partidos políticos con los mismos temas desde hace ya varias semanas, el resto del país (¿si se acuerdan de él, no?) se está cayendo a pedazos. Prueba de ello son los 28 recientes narcobloqueos en Jalisco realizados presuntamente por el Cartel de Jalisco Nueva Generación, así como la emboscada hecha por la Policía Federal a una camioneta con placas diplomáticas (sí, leyó usted bien) en la carretera México-Cuernavaca en donde eran transportados dos funcionarios del gobierno estadounidense (IN-CRE-Í-BLE). Esto sirve de corolario para demostrar como el Estado mexicano se encuentra absolutamente rebasado para reducir la violencia de esta naturaleza, por más que nos diga que todo está bien, que todo está bajo control. Es importante enfatizar que –contrario a lo que el discurso oficial cree- la fortaleza del Estado no se encuentra en la fortaleza de sus instituciones en sí mismas (enfoque represivo de comando y control), sino en la manera en la que éstas implementan y garantizan el pleno goce de los Derechos Humanos que protegen y dignifican la vida de las y los ciudadanos de este país (enfoque integral de seguridad humana). 

Si la estrategia del Presidente Calderón tuviera este último enfoque, sería evidente que la violencia en México no es sólo de tipo física (asesinatos y lesiones) o intimidatoria (amenazas y bloqueos), sino que existe una gama mucho más amplia –e igualmente perniciosa- de violencia en el país. Aún más, si este fuera el enfoque de la estrategia de seguridad la necesidad para reorientar la actual estrategia sería aún más apremiante. Resta la pregunta entonces, ¿de qué violencia hablo? La ejemplifico a continuación con tres casos particulares.

En la colonia Napra de Ciudad Juárez, una de las colonias más marginadas de la ciudad, existe una problemática particular. Si bien sabemos que en Ciudad Juárez los asesinatos están a la orden del día, este no es el único tipo de violencia que experimenta la ciudad. Existe una violencia institucional que las secundarias públicas en la colonia Napra viven día con día: la falta de agua potable. Pero, ¿por qué falta el agua potable?

Falta el agua potable porque se busca estrangular a las personas que viven en esa comunidad con el propósito de obligarlas a retirarse por no poder satisfacer la sed de ellos y la de sus hijos y así poder llevar a cabo la supuesta construcción de un complejo recreacional ubicado muy cerca de la frontera con México a soldados estadounidenses que regresan de Afganistán. Los terrenos en donde se construirá el complejo son, según se dice, propiedad de Carlos Slim. ¿Ven mi punto? Un sistema que intercambia prebendas y favores de manera sistemática con el mero afán de lucrar por encima de la necesidad y la carencia de la mayoría, también es generador de violencia. La actual estrategia de seguridad no hace nada para fortalecer al Estado de Derecho en este sentido.

En el municipio de Tenancingo, Tlaxcala habitan alrededor de 11,000 personas.  De una superficie no mayor a los 20 kilómetros cuadrados, el municipio cuenta únicamente con una escuela secundaria. A esta escuela, asisten aproximadamente 3,000 niños y niñas y es atendida por un total de 27 profesores. Ante la pregunta “¿qué quieres ser de grande?”, 94% de los estudiantes de entre 12 y 17 años de esa secundaria contestan que quieren ser padrotes. Esto se remite a otro dato desolador: 8 de cada 10 personas en total están involucradas en el negocio de la trata de personas (sólo se “salva” quien todavía no tiene edad suficiente para ser operativo). Por involucrados me refiero no sólo a ser el padrote, sino también a ser vigilante en la casa de seguridad, capacitador físico para poner en óptimas condiciones físicas a las niñas y jóvenes, a los secuestradores que engatusan a las mujeres con la promesa de un mejor futuro a su lado para terminar siendo ellas explotadas y abusadas sexualmente, etc. En promedio, cada padrote tiene en su poder a 12 mujeres trabajando para él. Cada una de las mujeres (que en la mayoría de los casos todavía son unas niñas) realiza en promedio 40 servicios diarios cobrando alrededor de 60 dólares por servicio. Este negocio, calculando que el dólar cotice en $12.50 pesos deja al día una ganancia total de $360,000 pesos.

Los actos de corrupción (malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, etc.) son los que permiten que esta violencia sexual se vuelva una círculo vicioso normalizado en Tenancingo (todos son padrotes porque deja mucho dinero, sólo hay una secundaria con un exceso de demanda que no alcanza a preparar a todos los niños y jóvenes para el mercado laboral, sin educación no hay trabajo y sin trabajo no hay dinero, lo único que deja dinero es ser padrote). Sin inversión pública o privada ¿qué futuro educativo tiene la población con tan limitadas oportunidades de superación? Sin una orientación social del gasto público –contrario al despilfarro privado en la que políticos de todos los niveles incurren-, el futuro de esta comunidad no es esperanzador en lo absoluto.  

En el tiradero municipal de Zaachila, Oaxaca habitan alrededor del mismo aproximadamente 400 familias de entre 4 y 6 miembros cada una. La población económicamente activa del tiradero se dedica a recopilar, dentro de las toneladas y toneladas de basura que llega cada minuto al tiradero, material que pueda ser vendido por kilo (plástico, cartón, cobre, etc.). Un kilo de botellas de PET –el cual significa haber recogido alrededor de unas 300 botellas- se vende en un peso con ochenta centavos cuando mejor está el mercado. Un kilo de cobre –el cual es obtenido quemando el plástico que rodea las secuencias de focos decorativos y es fruto de la recolecta de aproximadamente un año- vale ochenta pesos. Un trabajo duro, pero nada indigno.

Los niños que viven en este inhóspito lugar comentan que no quieren ir a la escuela al cabo de pocos días de haber iniciado los cursos anuales. La razón más frecuente que comentan los niños es que reciben burlas y agresiones al ser señalados como “hijos de pepenadores”. Esta violencia psicológica no tiene alguna orientación psicológica con lo que, aunado al escenario de pobreza extrema en el que viven los niños, sus expectativas de vida se ven reducidas al mínimo. Sin educación y sin servicios básicos de salud, el Estado ha dejado a toda una generación de niños y niñas en el olvido. 

Con estos tres casos pretendo traer luz a donde antes había oscuridad (ya sea porque nadie habla de ellos o porque muchos pretenden ocultarla). El cerco mediático que vivimos en el país no se reduce a la encuesta copeteada de Milenio ni al uso o abuso de spots propagandísticos. El cerco mediático se vive y se siente en estos lugares olvidados por el Estado en donde la carencia de agua potable, la explotación sexual y la depresión son el común denominador en la vida de muchos mexicanos.  No hay un enfoque integral de seguridad humana que busque reducir estos tipos de violencia. La única violencia que existe –según el discurso oficial- es la que mexicanos menos afortunados generan al matar a mexicanos uniformados en ciudades donde hay mucha droga que vender. Al parecer, para el Estado vale más un mexicano uniformado que cualquier otro. Vaya, espero esto cambie. Pronto.  


domingo, 30 de septiembre de 2012

Seguridad Humana y Delincuencia Organizada: una propuesta alternativa


PROPUESTA DE SEGURIDAD DE LA ASAMBLEA LOCAL DEL MOVIMIENTO #YOSOY132 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM).

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO "EL UNIVERSAL" EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012


El combate a la delincuencia organizada debe entenderse como una política pública integral basada en alcanzar objetivos concretos utilizando medios específicos orientados a garantizar, con estricto apego a derecho, el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los mexicanos. Este es el enfoque de seguridad humana.
 
Los marcos legales que comprehenden una política pública integral para el combate a la delincuencia organizada con esta perspectiva son: la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada (Palermo, 200) y de la Corrupción Política (Mérida, 2003), los 14 Protocolos para prevenir Actos de Terrorismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) así como el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el de los Derechos Civiles y Políticos (1976), terminando con las 40 recomendaciones hechas para combatir el lavado de dinero hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Existen 23 mercados de bienes y servicios ilícitos (tráfico de estupefacientes, trata de seres humanos, secuestro, etc.) en los que la delincuencia organizada incurre para obtener sus ganancias. Investigaciones del Dr. Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Development Center, realizadas en 107 países demuestran que de aplicarse los instrumentos anteriormente mencionados, la presencia de la delincuencia organizada tiende a bajar significativamente. Como él mismo lo dice: “El único resultado por el cual se juzga a una política contra mafias como un éxito un fracaso, es si algunas o todas las tasas de incidencia de los 23 delitos organizados bajan o suben. Lo demás es choro”.

Siendo congruentes con este enfoque, si los resultados obtenidos no son los deseados, el uso de la buena lógica obligaría a todo político a reorientar la actual estrategia hacia una distinta. Al parecer la buena lógica no es característica de los políticos mexicanos. La falta de voluntad política se traduce en un vacío de legitimidad percibida en las instituciones judiciales. Esto, aunado a la corrupción rampante en México, son factores positivamente correlacionados con la presencia de grupos de delincuencia organizada trasnacional. Veamos los resultados de la mencionada investigación.

En materia de:

·         Eficiente aplicación de la ley (artículo 29 de la Convención de Palermo) – entendida como la capacitación para fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos en los que incurre la delincuencia organizada-,

·         El combate a la corrupción política de alto nivel–esta última entendida como un bolsón de delitos jurídicos que puede incluir el tráfico de influencias, el peculado o la malversación de fondos- (artículo 8 y 9 de la Convención de Palermo así como la Convención de Mérida en su conjunto),

·         El decomiso y la incautación de bienes materiales y financieros de procedencia ilícita a partir de las investigaciones de unidades de inteligencia (artículo 12 de la Convención de Palermo) con capacidad de integrar sus reportes financieros a expedientes judiciales (artículo 27 inciso a) y d) de la Convención de Palermo)

·         La cooperación internacional (mundial, regional, subregional y bilateral) entre Estados y sus autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir eficazmente el lavado de dinero (Artículos 12, el 7.4, el 13.1 y 13.2, el 16.5 inciso b), el 20.2 y el 27 inciso b) de la Convención de Palermo), y de

·         Programas de prevención social –y no solamente del delito- funcionando enfocados a la disminución en el mediano y largo plazo de factores de riesgo en comunidades afectadas. Por ejemplo, programas referentes al acceso a la educación de calidad, a la prevención y tratamiento de las adicciones, a la creación de centros de esparcimiento deportivos, etc. (Artículo 31 de la Convención de Palermo) los resultados determinan que…

México es el quinto peor país de la muestra precedido por Afganistán, Guinea Ecuatorial, Pakistán y Nigeria. La estadística refleja que, a través del análisis de los expedientes judiciales, México sólo implementa el 64% y el 23% de las cláusulas de la Convención de Palermo y de Mérida, respectivamente. Es decir, la actual estrategia del Presidente Calderón ha sido una rotunda simulación. Un fracaso que ha costado vidas humanas y ha destruido familias enteras. Por más veces que el Presidente nos intente convencer de lo contrario, la evidencia empírica es irrefutable. Si el Estado no puede garantizar derechos de vida y propiedad, éste deja tener razón de ser. Es hora de reorientar la manera de hacer política en el país. Ya es hora.

Con información de:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1121129

sábado, 11 de agosto de 2012

El agua no se tira

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA SECCIÓN "COLUMNA INVITADA" DE ANIMAL POLÍTICO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2012 (http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2012/08/10/el-agua-no-se-tira/)
Al padre Alejandro Solalinde no lo conozco personalmente. Lo que sé de él, lo sé por lo que sus más estrechos colaboradores en el albergue de “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca dicen de él. Fuerza y luz. Trabajo y perseverancia. Ahí estuve en junio pasado. La realidad ahí me resultó desbordante. Por más que sepas lo terrible que es una situación y por más que intentes prever racionalmente a lo que te enfrentarás, al final nunca estás lo suficientemente preparado.
El albergue está ubicado al final de un sinuoso camino de terracería a unos 100 metros de las vías del tren por donde “La Bestia” afamada. En el albergue hay capacidad para albergar a 200 personas cómodamente ubicadas en una cama. Cuando visité el lugar, el albergue esperaba a más de 500 migrantes que llegarían por la noche al estar el tren descarrilado y fuera de servicio. En el piso del área que funciona como su comedor principal y en el área de descanso que existe justo en la entrada del albergue y con sólo un pedazo de cartón para evitar el frío del desnudo concreto, duermen más de 300 migrantes. Eso sí, habiendo comido tres veces al día y dentro de un cercado que los protege de estar afuera en la intemperie a la merced de secuestradores, delincuentes y asesinos.
La labor del padre Solalinde es de tal trascendencia que me parece inconcebible como puede él estar tan solo, tan desacompañado y tan encumbrado socialmente por las élites que, si bien reconocen su trabajo, no hacen nada para apoyarlo. Porque la diferencia entre justificar y entender está en si se siente o no las motivaciones de quien, como el padre Solalinde, está dedicado a salvar vidas. La sociedad civil que necesita este país para poder salir del profundo agujero en el que los viejos (y no tan viejos) políticos y engendros empresariales de actividad mafiosa han metido al país, no es la sociedad civil de cocktail  reunida en lujosos hoteles de la Ciudad de México ni tampoco aquella que se eleva 51 pisos de la realidad del mexicano de a pie para, desde su torre de marfil, diagnosticar todo lo mal que está en el país y señalar, con el dedo flamígero de su indignación, la urgencia de “reformas estructurales” ((léase “Aristocracia Civil: ¿voceros de la ciudadanía?” en  http://antonioattolini.blogspot.mx/2011/02/la-aristocracia-civil-voceros-de-la.html )
El camino está en articular una red de sociedad civil organizada dedicada a salvar vidas. Una que busque empezar a generar trabajo de base, social y humano en todo el territorio nacional abajo y del lado de la gente y de sus problemas.  El albergue de “Hermanos en el Camino” no es únicamente una parcela de cielo en medio de tanta desolación y brutalidad, sino que también es uno de los más de 30 albergues que han sido establecidos por todo el territorio nacional y que están dedicados al monitoreo y vigilancia de todos los migrantes que llegan de Centroamérica con el propósito de saber si llegan con vida o no a la frontera norte.  Esta sociedad en red lo que busca al final es poder informar a los familiares en dónde se encuentran sus padres, esposos o hermanos (y madres, esposas y hermanas también, porque la migración es un fenómeno que no distingue género), y no el de generar un reporte o diagnóstico somero de la situación de los migrantes en el país  para después venderlo a alguna instancia gubernamental o (incluso) no gubernamental lucrando con un conocimiento que está lejos de ser transformador.
En este país se violan sistemáticamente 44 de los 58 derechos humanos consagrados en los distintos Tratados Internacionales. México tiene reputación de ser uno de los primeros  países en firmar y ratificar dichos tratados. Esa rapidez, sin embargo, es inversamente proporcional a la dedicación y seriedad que le impone el gobierno mexicano para implementar y verificar que en la práctica sí exista un pleno goce de esos derechos. Las Convenciones Internacionales con probada efectividad son consideradas como irrelevantes y sirven sólo como adorno (léase “Las Convenciones Olvidadas: Palermo y Mérida” en http://antonioattolini.blogspot.mx/2011/04/las-convenciones-olvidadas-palermo-y.html).   Los vacios de poder que hoy ha dejado el Estado mexicano, ha sido rellenado en su mayoría por el crimen organizado con todo el dolor, la barbarie y la tragedia que eso le ha traído al país.
Sin embargo, existe esperanza. Ante esos vacíos de poder, la sociedad civil también puede (y debe) llenarlos con trabajo de base en serio. Más allá de buscar señalar al obispo de Tehuantepec, Oscar Armando Campos Contreras, de decidir “adscribir” al padre Solalinde a las labores de una parroquia, mi objetivo es revelar cómo un grupo de valientes hombre y mujeres lucha día a día en contra de un sinfín de peligros en su búsqueda por ofrecer esperanza a quienes ya no la encontraron en su país de origen.  Están solos. Ni la autoridad municipal, ni la estatal y ya qué decir de la federal, ofrecen el apoyo al padre Solalinde quien, por si fuera poco, recibe amenazas de muerte por su labor humanitaria como una cosa de todos los días.
Este es el tipo de trabajo con el que debemos comprometernos para  sacar adelante. Una agenda social que nutra al debate y que tenga como sus principales aliados a la gente, no a los políticos ni los reflectores. Una vez trabajada esa agenda social, ahora sí, emprendamos la lucha política en la que dejaremos sangre, sudor y lágrimas en nombre de aquellos que en este país han Creado Patria y (en algunos casos) perdido la vida en el intento.
Con un panorama tan desolador, hay que reconocer que frente a nosotros no tenemos un espejismo, sino un verdadero oasis de esperanza. Este es el tipo de capital social que debemos potencializar para sacar adelante al país. La sociedad civil trabajando en red, operando para ofrecer protección y logística para la generación de una agenda social, es la solución que países como Italia y Colombia han utilizado para enfrentar sus problemas. Ante tal panorama, sólo queda caminar por el desierto sabiendo que oasis tales como los del padre Solalinde son una realidad (olvidada). Y caminando por el desierto sólo hay una regla que vale: el agua no se tira.


miércoles, 4 de enero de 2012

El caso de Ayotzinapa: ni un estudiante más muerto


Cuando se piensa en los disturbios sucedidos en Chilpancingo, Guerrero el pasado 12 de diciembre entre policías estatales y federales con normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa nos remitimos a pensar en las causas y en los efectos. ¿Será? Me parece que las causas son escasamente exploradas y por lo general descartadas sin mayor reparo ni mayor indagatoria. Quién sabe por qué se estaban congregando los estudiantes, menos aún se sabe por qué habían fuerzas policiacas federales en la zona de Chilpancingo, qué llevó a que las dos partes se encontraran en la situación en que lo hicieron. Ah, no… “Bola de revoltosos que incendiaron una gasolinera”. Nos concentramos en el efecto y cuando digo “concentrarnos” hago un supuesto heroico al pensar que esta información es procesada serena y conscientemente.

Ah… se me olvidaba…y también asesinaron a dos estudiantes.

¿Cómo carajos es posible que relativicemos la gravedad del asunto al comparar daños materiales con la pérdida irreparable de la vida humana? ¿Sólo porque hubo daños materiales, sin entender la causa –la lluvia también provoca daños materiales y no veo la misma malicia en juzgar los efectos que esta produce, por poner un ejemplo burdo- podemos aminorar o incluso descartar el hecho de que en este país la policía se enfrenta a la población con armas largas? Por mucho menos, de verdad, han caído gobiernos o al menos, un verdadero desasosiego por parte de la sociedad ha provocado cambios radicales en la manera de hacer política y por lo menos ya habrían sido señaladas las líneas de investigación así como sus resultados, los que fueran. No, pues en México, el tema de la vida humana –y el tema de la vida humana de los estudiantes, que es mi preocupación central aquí- es politizada y rebajada a un tema “del fuero común” debidamente encargada a las instituciones responsables para traer ante la justicia a todos los implicados. Siempre están muy preocupados, sí, sí...  Entre este surrealismo –el cual he señalado en otras ocasiones en este mismo blog- , el vocero del Estado de Guerrero acusa a los estudiantes de haber optado por “posturas intransigentes” y debido a ello el diálogo no ha sido reanudado.  La manera de hacer política de estos señores  -me refiero a los miembros del Gobierno Estatal de Guerrero- es de una patente falta de empatía. Asesinaron con armas largas a dos estudiantes, ¿cómo pretenden que los estudiantes sigan los caminos “institucionales” si son estas instituciones las que asesinaron a dos de sus compañeros? Esta es sólo una descripción objetiva sobre lo que nadie puede cuestionar que sucedió en Ayotzinapa, adelantándome a mis críticos que me tildan de exagerado o sensacionalista. 

¿Por qué? ¿Cómo es que no existe vergüenza ni decoro por parte de los detentadores del cargo público (omitiré llamarlos “autoridades” puesto que eso implica un grado de legitimidad que hoy, para mí, no tienen)? ¿Por qué no existe indignación y solidaridad colectiva hacia el caso? Ante la pregunta que se le hizo a un auditorio qué relación tienen ustedes con las personas de Guerrero, entre el silencio pasmoso de las personas ahí reunidas una que otra voz se levantó para decir que nada. ¿Nada? ¡Si ahí están siendo asesinados a monsalva compañeros estudiantes como nosotros! ¡Ciudadanos mexicanos! Al parecer asesinar con un permiso y portando uniforme no es algo que salga de nuestro marco práctico referencial. 

Con esto pretendo abrir luz sobre lo que este sexenio oscuro ha apagado: nuestro filtro crítico. Todos nosotros participamos dentro de un proyecto común al que llamamos sociedad. Es en él en el que podemos y debemos contribuir de manera horizontal, congruente y anónima a que los valores compartidos se enfoquen cada vez más hacia la construcción de un proyecto más justo, libre y próspero para todos. ¡Qué espanto que se politice la vida humana! Murieron dos estudiantes y en este sexenio, a nadie parece importarle…
Desde aquí digo, desde hace ya casi dos años que…

¡NI UN ESTUDIANTE MÁS MUERTO!
¡NI 1 MÁS!

Soy un estudiante a favor de reorientar la política de seguridad (de confrontación, politización, violación a los derechos humanos y rampante impunidad, de esa hablo) del gobierno panista de Felipe Calderón.