De nueva cuenta, Elba Esther Gordillo y Carlos Romero
Deschamps han sido reelectos líderes sindicales de sus respectivos gremios, el
SNTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el SNTPRM,
Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
La reacción del vox populi fue
inmediata. Al abrir el depósito de embrujos que ambos personajes han acumulado
a lo largo de los años encontramos cosas como la llegada de ambos líderes con
la venia y gracia de Carlos Salinas de Gortari –y la demonización que eso
conlleva-, los ridículos gastos de ambos con dinero del erario público
–ya sea en Hummers para “incentivar el buen trabajo” o en viajes al extranjero
en avión privado -con todo y mascota disfrazada de ropa ultra cara-, o el
rezago en términos comparativos con otros países con similar nivel de
desarrollo que el nuestro en sus áreas competentes –educación de calidad y
sustentabilidad energética-.
Este último elemento es el que quiero resaltar. Generalmente
escucho que el tema del rezago educativo en México en áreas fundamentales como
comprensión de lectura y matemáticas se reduce únicamente a la personalidad de Elba
Esther Gordillo frente al sindicato. De la misma manera, el tema de la falta de
innovación y desarrollo tecnológico que permita de una vez por todas hacer a
Pemex una empresa moderna, se reduce a que Romero Deschamps es el líder
sindical. Me permito decir que esto es una falacia. No es el sindicato el que
está mal, es el sindicalismo en México.
Me explico.
En grandes –muy grandes- rasgos, los sindicatos son la
materialización de la lucha obrera mundial para poder reclamar y hacer valer,
de manera colectiva y organizada, cierto tipo de derechos frente al patrón.
Esto debido a que, naturalmente, la clase obrera no tiene ni los mismos
intereses ni la misma participación en la generación de riqueza que tiene el
patrón en el proceso productivo.
El sindicato está para proteger los intereses de los
trabajadores con plena autonomía y autogestión. Sin embargo, estas diferencias
vuelven indispensable su cooperación, la cual es garantizada por un organismo
autónomo e independiente.
Sin embargo, eso no sucede en México.
La historia de los sindicatos en la conformación del México
posrevolucionario es bien particular. Los sindicatos estaban alineados a algún
sector en particular (de ahí que los hubiera rojos, amarillos, blancos,
verdes, etc.), y representaban una de las pocas estructuras formales para la
reconciliación del individuo con el colectivo en México.
De ahí que el Partido-Gobierno del Estado mexicano
posrevolucionario asentara su fuerza en los sectores obrero (CTM, Confederación
de Trabajadores de México), campesino (CNC, Confederación Nacional Campesina),
y popular (CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares).
El sindicalismo en México está íntimamente ligado a la
génesis de las estructuras formales del gobierno y es ahí, justo ahí, donde
está el detalle: los sindicatos no deberían utilizar al Estado para fines
políticos, así como el Estado no debería intervenir en el sindicato. Y para
terminarla de amolar, el órgano regulador de las
relaciones obrero-patronales, la Junta de Conciliación y Arbitraje, reproduce y
fomenta un uso político de las interacciones entre sindicatos y patrones.
Los sindicatos más grandes de México (como bien pueden ser
los dos casos anteriormente mencionados) no deben ser utilizados para la
movilización masiva de votos en las elecciones presidenciales. Es claro que
invocar al deber ser no es suficiente. Lo que
hace falta –sin pretender ser un experto y desde una lectura sugerente
únicamente- es que las campañas, pero sobre todo las precampañas políticas
estén debidamente reguladas en términos del gasto de los partidos políticos
para que los favores se paguen con otra cosa que no sea el erario público.
Hace falta dotar de mayor autonomía a la Junta de
Conciliación y Arbitraje de tal manera que pueda, en los subsecuentes fallos,
ir ganando la legitimidad perdida frente a las organizaciones sindicales y
pueda realmente ser considerada como un árbitro fiel e imparcial. Deben
descentralizarse los programas de educación pública –prerrogativa que hoy
concentra la Secretaría de Educación Pública-, así como desarrollar un proyecto
económico alternativo que no dependa como principal fuente de ingreso a la
renta del petróleo, y un sinfín de alternativas más.
Si mañana Elba Esther Gordillo y Romero Deschamps dejaran a
sus respectivos sindicatos, ¿de manera inevitable se vería un incremento en la
calidad educativa y en la sustentabilidad energética que tanto necesitamos? Se
podría argumentar que es una condición necesaria; sin embargo, es de sentido
común reconocer que está lejos de ser suficiente.
Por eso digo que no son los líderes sindicales los
responsables de los grandes problemas nacionales, sino todo un entramado
institucional perverso que no permite que las cosas funcionen como deberían.
La ley en los libros es fabulosa; sin embargo, cuando se
observa la ley en acción, la realidad es otra. Es necesario aclarar esto para
poder abordar el problema educativo y energético con mayor precisión.
Si no lo hacemos, el discurso ideológico y panfletario
seguirá prevaleciendo en el debate público por encima de los argumentos y las
razones concretas que verdaderamente podrían hacer que las cosas cambien.
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