Las Convenciones olvidadas: Palermo y Mérida

Entre muchos de los instrumentos que existen para abatir de manera efectiva al crimen organizado convencional, dos de los más importantes son la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y la Convención de Naciones Unidas en contra de la Corrupción Política (Palermo 2000 y Mérida 2003,  respectivamente). En estas dos convenciones se ofrecen de manera clara y precisa las estrategias que resultan necesarias y funcionales para poder desmantelar y desarticular al crimen organizado trasnacional. A continuación señalo puntualmente en qué artículos se encuentran explicitadas estas estrategias, las cuales señalo con negritas y un tamaño de letra mayor. Con esto pretendo contribuir al debate por la reorientación de la política de seguridad con la solidez que estas convenciones de probada eficacia (investigaciones realizadas en los hasta el momento del estudio 107 países firmantes ) ofrecen y que México no toma en cuenta pese a haber ratificado ambas Convenciones (irónicamente una se firmó en territorio nacional). 

México tiene únicamente el 87% de las cláusulas de la Convención de Palermo incoporadas a su ordenamiento jurídico y 46% de las cláusulas de la Convención de Mérida.

De ese pocentaje, sólo el 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo son incoporadas al ordenamiento jurídico son implementadas y 23% en el caso de la Convención de Mérida.   

De la propuesta a la protesta. Nuestra comprensión sobre el problema que enfrentamos debe ser tan clara como las propuestas que pretendemos ofrecer para revertir esta situación. Sin esa claridad ex ante, no podemos aspirar a un cambio trascendental en la política de seguridad. Hasta aquí mis comentarios, a continuación señalo los “ejes” de una política de seguridad efectiva.

Hago alusión a la fuente bibliográfica: “La guerra perdida” de Felipe Curcó Cobos en Editorial Coyoacán, 2011. El Dr. Felipe Curcó Cobos cita la formalización que el Dr. Edgardo Buscaglia (asesor de las Naciones Unidas y quizá el mayor experto en Latinoamérica sobre seguridad) realizó sobre ambas Convenciones. El determina, con sus más de 20 años de investigación sobre la materia, que para que un Estado observe sostenidos índices de disminución en la delincuencia organizada las 4 RUEDAS que se señalan a continuación deben aplicarse de manera conjunta. Aplicar sólo una de ellas representa la peor estrategia posible ya que permite el fortalecimiento y la diversificación del crimen organizado lo cual vuelve más difícil su eliminación. Este es el caso de México. Presento los resultados de la investigación en cuestión sobre la eficiencia (relación insumo-producto) entre las "ruedas" que aquí se proponen y su efecto para contrarrestar la presencia del crimen organizado.

 a)      Protocolo, artículos 14.1-3, 23, 23.1, 23.2, 31, 37, 38 y 39 (sobre cooperación), 50, 52.2 y 58 (dependencia de inteligencia financiera) de la Convención de Palermo. Se establecen los procedimientos para instituir una eficaz coordinación institucional operativa entre los órganos de inteligencia, Secretaría de Hacienda, policía, fiscalía y jueces, orientada al desmantelamiento patrimonial de las empresas criminales y empresas legalmente constituidas ligadas a organizaciones delictivas. (RUEDA NÚMERO 1)

b)      Protocolo, artículos 5, 6, 9.1, 10, 13.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y el Capítulo 2 (medidas preventivas, art. 7 funcionariado público) de la Convención Mérida. Se contempla el combate y la prevención de la corrupción política al más alto nivel, limitando al mínimo la “inmunidad de los funcionarios”. Esto debe incluir investigaciones (mediante unidades autónomas de investigación patrimonial en cada entidad local o federativa, que operen en red con la unidad federal de inteligencia financiera), que permitan reunir el material probatoria para formular acusaciones y dictar sentencias judiciales por delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, peculado, encubrimiento, instrumentalización u obstaculización de la justicia, lacado del producto del delito y financiamiento ilegal de campañas y pre-campañas electorales. (RUEDA NÚMERO 2)




c)       Protocolo, artículos 43, 44 y 46.3 inciso k, donde se prevé un amplio nivel de cooperación y coordinación entre México y otros Estados para incautar y decomisar activos patrimoniales ligados a grupos criminales en el territorio ya sea en empresas nacionales o extranjeras.



d)   Protocolo, artículo 62 y complementos. Se prevé la asistencia económica para que los Estados logren crear una red nacional de prevención social del delito preferentemente en manos de organizaciones no gubernamentales que abarquen factores de riesgo ligados a la salid, educación, mercado laboral, violencia intrafamiliar e infraestructura. Adicionalmente, ambas convenciones promueven el uso de técnicas especiales de investigación como entregas vigiladas, vigilancia electrónica y programas de testigos o colaboradores, así como la confiscación de bienes y la recuperación internacional de activos saqueados por funcionarios corruptos (12.3). (RUEDA NÚMERO 3)



e)      Artículo 29 de la Convención de Palermo. Se prevé que cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos (RUEDA NÚMERO 4)



De aplicarse todas las anteriores estrategias tal y cómo las Convención de Palermo y la Convención de Mérida estipulan, está comprobado en un análisis en 107 países (que la articulación del crimen organizado baja significativamente mientras más incremente la aplicación de las anteriores "ruedas"). Las Convenciones Internacionales no son una lista de buenos deseos, sino que además de ser vinculantes, en este caso en México... ¡son la ley! Otra realidad sintomática al pobre Estado de Derecho en el que nos encontramos. De probada eficacia, de sabida eficiencia, con brutales beneficios a la vida institucional y social del país... abandonada y descartada por nuestras autoridades que nada dicen y nada dan sobre el problema del crimen organizado.

México se encuentra sistemáticamente en el 5 peor lugar de la muestra después de Afganistán, Guinea Ecuatorial, Pakistán y Nigeria.

Para más información (y revisar con detalle las gráficas aquí expuestas) consúltese el estudio original del Dr. Edgardo Buscaglia en la siguiente liga: http://goo.gl/vzXWc