La dimensión que debe ocupar la
crítica al “Pacto por México” en
términos de representatividad –o falta
de ella- debe ser entendida como reducto de una causalidad ulterior, la cual nada tiene que
ver con el reclamo coyuntural que las fuerzas progresistas de este país hacen
al Pacto entendida como la “ausencia de la deliberación al interior de las
Cámaras” y las “negociaciones en lo oscurito”. Esta causalidad ulterior de la que hablo se
rastrea y se encuentra en la ausencia de mecanismos de revelación de
preferencias inter-electorales (reelección acompañada de listas abiertas, plebiscitos,
referéndum, revocación de mandato y controles patrimoniales y jurídicos como
por ejemplo una Fiscalía –no Comisión- Autónoma –no descentralizada- en contra
de la Corrupción –entendida como un bolsón de delitos jurídicos- que prevenga y
combata la corrupción gestada en las más altas esferas del poder) lo cual hace
que la representatividad política en México siga siendo nula, con o sin Pacto
por México.
Lo que realmente ha hecho aflorar
el Pacto son las divisiones al interior de los militantes de los partidos
políticos (principal y particularmente las del PRD). Éstos, al no encontrar
reconciliadas sus legítimas inquietudes a través de procesos democráticos de
deliberación al interior, recurren y encuentran todo el incentivo de explicitar
y denunciar dichas diferencias al exterior, con el ánimo de segmentar su figura
como militante dentro de la misma etiqueta partidista que comparte con otros.
De existir los mecanismos de
revelación de preferencias antes mencionados, se modificarían los incentivos de
cooperación entre los legisladores de distintas bancadas (principalmente los
que participan en partidos pequeños) los cuales dejarían de depender de la
voluntad política y la negociación. Un reclamo serio por establecer un verdadero mandato
de representatividad –hasta ahora ausente- no comienza por criticar al Pacto Por México,
sino que éste debería ir mucho más allá puesto que el Pacto sólo reflejo de condiciones estructurales que anteceden.
El legislador crítico no piensa
en esta deficiencia estructural de nuestro sistema sino en los incentivos que él
tiene al interior de su partido a alinearse -o no- a cierta política, nunca
tomando en cuenta al electorado que –en teoría- se dice representar.
La debacle electoral sufrida por
el Partido Acción Nacional (el cual, además, pasa de ser gobierno a ser
oposición) y la infructífera lucha del Partido de la Revolución Democrática por
probar que por segunda vez la elección presidencial fue amañada en contra de
sus intereses son realidades que pesan fuertemente en la toma de decisiones de
Madero y Zambrano, respectivamente. Para ambos, el Pacto por México es una
excelente plataforma para posicionarse políticamente frente a un amplio
espectro del electorado del cual podrán lucrar políticamente después. Para Camacho, el Pacto por México es la estrategia
política para implementar la agenda del Presidente de la República aprovechándose
de la debilidad institucional de los partidos de oposición los cuales enfrentan
mayores costos que beneficios de no alinearse. Esta estrategia es comprensible
ya que las coordenadas de representación se dan a
partir de la mucha o poca presencia en medios de comunicación de los liderazgos
sectoriales y a la firme convicción de éstos a monólogos ideológicos, más que a
los intereses del electorado.
“El que no se mueve no sale en la
foto”, ha repetido Camacho de manera pública. El Pacto por México es sólo un
reflejo -y no la causa primera- de cómo los partidos políticos se mueven, sólo que sin México.
Aunque las negociaciones se den tras bambalinas, quienes van a votar los van a hacer a la luz pública.
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