Seguridad Humana y Delincuencia Organizada: una propuesta alternativa

PROPUESTA DE SEGURIDAD DE LA ASAMBLEA LOCAL DEL MOVIMIENTO #YOSOY132 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM).

ARTÍCULO PUBLICADO EN EL DIARIO "EL UNIVERSAL" EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

El combate a la delincuencia organizada debe entenderse como una política pública integral basada en alcanzar objetivos concretos utilizando medios específicos orientados a garantizar, con estricto apego a derecho, el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los mexicanos. Este es el enfoque de seguridad humana.

 

Los marcos legales que comprehenden una política pública integral para el combate a la delincuencia organizada con esta perspectiva son: la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada (Palermo, 200) y de la Corrupción Política (Mérida, 2003), los 14 Protocolos para prevenir Actos de Terrorismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) así como el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y el de los Derechos Civiles y Políticos (1976), terminando con las 40 recomendaciones hechas para combatir el lavado de dinero hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Existen 23 mercados de bienes y servicios ilícitos (tráfico de estupefacientes, trata de seres humanos, secuestro, etc.) en los que la delincuencia organizada incurre para obtener sus ganancias. Investigaciones del Dr. Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Development Center, realizadas en 107 países demuestran que de aplicarse los instrumentos anteriormente mencionados, la presencia de la delincuencia organizada tiende a bajar significativamente. Como él mismo lo dice: “El único resultado por el cual se juzga a una política contra mafias como un éxito un fracaso, es si algunas o todas las tasas de incidencia de los 23 delitos organizados bajan o suben. Lo demás es choro”.

Siendo congruentes con este enfoque, si los resultados obtenidos no son los deseados, el uso de la buena lógica obligaría a todo político a reorientar la actual estrategia hacia una distinta. Al parecer la buena lógica no es característica de los políticos mexicanos. La falta de voluntad política se traduce en un vacío de legitimidad percibida en las instituciones judiciales. Esto, aunado a la corrupción rampante en México, son factores positivamente correlacionados con la presencia de grupos de delincuencia organizada trasnacional. Veamos los resultados de la mencionada investigación.

En materia de:

·         Eficiente aplicación de la ley (artículo 29 de la Convención de Palermo) – entendida como la capacitación para fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos en los que incurre la delincuencia organizada-,

·         El combate a la corrupción política de alto nivel–esta última entendida como un bolsón de delitos jurídicos que puede incluir el tráfico de influencias, el peculado o la malversación de fondos- (artículo 8 y 9 de la Convención de Palermo así como la Convención de Mérida en su conjunto),

·         El decomiso y la incautación de bienes materiales y financieros de procedencia ilícita a partir de las investigaciones de unidades de inteligencia (artículo 12 de la Convención de Palermo) con capacidad de integrar sus reportes financieros a expedientes judiciales (artículo 27 inciso a) y d) de la Convención de Palermo)

·         La cooperación internacional (mundial, regional, subregional y bilateral) entre Estados y sus autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir eficazmente el lavado de dinero (Artículos 12, el 7.4, el 13.1 y 13.2, el 16.5 inciso b), el 20.2 y el 27 inciso b) de la Convención de Palermo), y de

·         Programas de prevención social –y no solamente del delito- funcionando enfocados a la disminución en el mediano y largo plazo de factores de riesgo en comunidades afectadas. Por ejemplo, programas referentes al acceso a la educación de calidad, a la prevención y tratamiento de las adicciones, a la creación de centros de esparcimiento deportivos, etc. (Artículo 31 de la Convención de Palermo) los resultados determinan que…

México es el quinto peor país de la muestra precedido por Afganistán, Guinea Ecuatorial, Pakistán y Nigeria. La estadística refleja que, a través del análisis de los expedientes judiciales, México sólo implementa el 64% y el 23% de las cláusulas de la Convención de Palermo y de Mérida, respectivamente. Es decir, la actual estrategia del Presidente Calderón ha sido una rotunda simulación. Un fracaso que ha costado vidas humanas y ha destruido familias enteras. Por más veces que el Presidente nos intente convencer de lo contrario, la evidencia empírica es irrefutable. Si el Estado no puede garantizar derechos de vida y propiedad, éste deja tener razón de ser. Es hora de reorientar la manera de hacer política en el país. Ya es hora.

Con información de:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1121129